Leyes vrs Acusación

RELACIÓN LEYES CON ACUSACIÓN

LIBERTAD DE ACCION

Artículo 5, Constitución Política de Guatemala:

Toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe; no está obligada a acatar órdenes que no estén basadas en la ley y emitidas conforme a ella.  Tampoco podrá ser perseguida ni molestada por sus opiniones o por actos que no impliquen infracción a la misma.

MOTIVOS PARA AUTO DE PRISION

Artículo 13, Constitución Política de Guatemala

No podrá dictarse auto de prisión, sin que preceda información de haberse cometido un delito y sin que concurran motivos racionales suficientes para creer que la persona detenida lo ha cometido o participado en él.  Las autoridades policiales no podrán presentar de oficio, ante los medios de comunicación social a ninguna persona que previamente no haya sido indagada por tribunal competente.

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA

Artículo 17. No hay delito ni pena sin ley anterior. No son punibles las acciones u omisiones que no estén calificadas como delito o falta y penadas por ley anterior a su perpetración.  No hay prisión por deuda.

Artículo 44. Derechos inherentes a la persona humana. Serán nulas ipso jure las leyes y las disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos que la Constitución garantiza.

Artículo 46.  Preeminencia del Derecho Internacional. Se establece el principio general de que en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala, tienen preeminencia sobre el derecho interno.

PACTO DE SAN JOSE

Artículo 9.  Principio de Legalidad y de Retroactividad.  Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable.

IMPORTANCIA DERECHO INTERNACIONAL

Por debajo de la Constitución Política de la República, la primer fuente por orden de jerarquía son los tratados y convenios internacionales.  En materia de Derechos Humanos, éstos tienen preeminencia sobre la normativa del país y que la aplicación de esta postura es necesaria en materia tributaria, por ser uno de los aspectos de la administración pública en las que con mayor frecuencia son violentados estos derechos.